El acusado comparezca hoy por primera vez ante la magistrada Giselle López-Soler, del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico.
Un gran jurado federal en el Distrito de Puerto Rico presentó una acusación contra Lionel Albino Galindo, de 52 años y residente de Vega Alta, por explotación infantil.
Según documentos judiciales, desde febrero hasta el 19 de marzo de este año, Albino Galindo habría explotado sexualmente a una menor de 13 años.
El acusado presuntamente utilizó un teléfono celular, así como los servicios de mensajería instantánea de internet, para persuadir, inducir, atraer y coaccionar a sabiendas a una menor para participar en la actividad sexual, que incluye la producción de pornografía infantil.
De acuerdo con Justicia, Albino Galindo transportó a sabiendas a la menor para que mantuviera relaciones sexuales en varias ocasiones y produjo representaciones visuales de dicha conducta.
Se indicó que el acusado también recibió pornografía infantil de la menor y le envió material obsceno.
Contra Albino Galindo pesan cargos por coacción y seducción de un menor; por transportar una menor con intención de participar en una actividad sexual delictiva; por explotación sexual de menores; por recepción de pornografía infantil; por posesión de pornografía infantil; y por transferencia de material obsceno a un menor.
Está previsto que el acusado comparezca hoy por primera vez ante la magistrada Giselle López-Soler, del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico.
Si se le declara culpable de los cargos de coacción y seducción y transporte de menores para participar en conductas sexuales ilícitas, el acusado se enfrenta a una pena mínima obligatoria de prisión de 10 años a cadena perpetua; por explotación sexual de menores se enfrenta a una pena mínima obligatoria de prisión de 15 años a 30 años; por posesión de pornografía infantil y transferencia de material obsceno a un menor se enfrenta a una pena de hasta 10 años; y por recepción de pornografía infantil se enfrenta a una pena de prisión de 5 a 20 años.
Entre tanto, todos los cargos van seguidos de una pena de libertad supervisada de no menos de 5 años a cadena perpetua.
El fiscal federal del distrito de Puerto Rico, W. Stephen Muldrow, y Joseph González, agente especial a cargo de la oficina en San Juan, hicieron el anuncio.
El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) está investigando el caso con la colaboración de la Policía de Puerto Rico.
Mientras, la fiscal federal adjunta Emelina Agrait Barreto, de la Unidad de Inmigración y Explotación de Menores, está llevando el caso.
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