Implementan "gradualmente" el Plan Integral para prevenir la Violencia
El gobernador Pedro Pierluisi se mostró confiado de que la Policía actuará “con la mayor celeridad” para atender el caso que culminó con el asesinato de una mujer en un cuartel en Morovis
Tras el asesinato de una mujer en los predios de un cuartel en Morovis este pasado fin de semana, el gobernador Pedro Pierluisi señaló hoy, lunes, que el Plan Integral de Reconstrucción Social y Prevención de la Violencia, un esfuerzo multisectorial con el que se pretende establecer política pública para atender la violencia y sus raíces, aún continúa en proceso de implementarse.
Mientras no precisó cuándo se espera que el plan integral, cuya estrategia establece que la violencia es un problema de salud pública y de impacto en todos los niveles socioeconómicos, esté implementado en su totalidad, indicó que “no tiene duda” de que la Policía actuará “con la mayor celeridad” para atender el caso que culminó con la muerte de la mujer de 39 años, identificada como Jackeline Santiago Rodríguez.
“Eso se está gradualmente implantando y eso es algo nuevo que no teníamos. Una nueva herramienta multisectorial, no es gobierno, es todo el mundo convocado para atacar esta problemática que tiene unas raíces que también hay que atender”, dijo el gobernador a la prensa tras anunciar de las actividades de orientación que ofrecerán a los padres y estudiantes para solicitar la beca federal FAFSA.
“Eso está caminando y se van a estar haciendo actividades públicas, no necesariamente convocadas por mí, sino convocadas por la directora ejecutiva del comité de trabajo que coordinó la elaboración del plan”, agregó.
Según la Policía, Santiago Rodríguez llegó al Cuartel Municipal de Morovis a eso de las 5:00 de la tarde del pasado sábado para radicar una querella de violencia doméstica, cuando su pareja de un año y medio, identificado como Luis A. Cruz Santiago, irrumpió en el cuartel y presuntamente disparó contra la fémina, matándola en el acto.
El gobernador señaló que los hechos ocurrieron “instantáneamente”, por lo que la respuesta del retén Obed Morales, quien desenfundó su arma para repeler el ataque de Cruz Santiago, fue inmediata.
“Lo que pasa es que fue algo totalmente imprevisto. Todo está bajo investigación (…) Hay que evaluar toda esta situación, por qué ocurrió y, si se detecta cualquier falla en el sistema, se va a atender. Ese es nuestro compromiso”, indicó Pierluisi.
El primer ejecutivo añadió que las autoridades también investigan los antecedentes de Cruz Santiago, quien “aparentemente tenía historial de violencia doméstica” y quien habría participado de un programa de desvío.
El presunto agresor, quien se encuentra ingresado en el Centro Médico de Río Piedras, enfrentará cargos de feminicidio e infracciones a la Ley de Armas una vez sea dado de alta tras una operación a la que será sometido para extraerle un proyectil alojado en el cuello.
Cuestionado por la prensa sobre la eficacia de los programas de desvío, Pierluisi alegó que los mismos “funcionan”, pero que “siempre puede haber paso para mejorar”.
Asimismo, señaló que el gobierno, a través de la Oficina de la Procuradora de la Mujer (OPM), ha canalizado más recursos a las entidades que atienden a víctimas de violencia de género.
Según las estadísticas ofrecidas por el Negociado de la Policía, entre el 1 de enero y el 14 de abril se han registrado 162 asesinatos en la isla, un aumento de 16 comparado con el mismo período en el 2023.
Este año han sido asesinadas 19 mujeres, el 12% del total de víctimas, y ocho de los casos han sido catalogados bajo el móvil de violencia doméstica. Santiago Rodríguez se convirtió en la octava víctima de feminicidio de este año.
El 8 de enero fue asesinada Ada Wilma Torres Morales, de 62 años, en Toa Alta; el 11 de enero Maraida Rivera Emerson, de 37 años, en Toa Baja; el 23 de enero Milka Ivette Méndez Pérez, de 51 años, en Cabo Rojo; el 24 de enero fue asesinada Linette Morales Vázquez, de 30 años, en Yauco, hecho en el que su mamá y su hermano también fueron asesinados; Lizette Vázquez Vélez, de 51 años, en Yauco; el 4 de marzo fue asesinada Marisol Muñiz González, de 61 años, en Aguada; y Jennifer Marrero Pérez, de 35 años, en Corozal.
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