EXCLUSIVO: Cirugía mayor al proceso de permisos

En la Cámara, al menos, la expectativa del presidente es que se apruebe antes del 2 de junio, cuando se celebrarán las primarias. “Lo que estamos buscando es garantizar que ninguna de las medidas choquen y se pueda aprobar una sin afectar la otra desde el punto de vista de la técnica legislativa. Desde el punto de vista de iniciativa, que el gobernador, cuando le llegue la medida al despacho, pueda evaluarla y tomar la decisión respetando la separación de poderes de cuál respalda y cuál no. Lo que estamos es buscando positivamente un vehículo para que lleguen al despacho del gobernador en esta sesión”, explicó Hernández.

En total, el paquete de proyectos radicados el viernes incluye cuatro que son iniciativa del PNP y ocho del PPD. El decimotercero ya había sido sometido previamente por el representante novoprogresista Wilson Román. Entre los participantes del acuerdo figuran los populares Jesús Hernández Arroyo y Jessie Cortés Ramos (preside la Comisión de pequeños y medianos negocios y permisología) y los representantes novoprogresistas Víctor Parés Otero y Wilson Román.

“Si se terminan aprobando tres de las 13 medidas radicadas, es mejor que lo que tenemos hoy”, abundó el presidente, quien estimó que el impacto anual de convertirse en ley todas las medidas superará los $70 millones.

Una de las medidas más sustanciales (el PC2058), acorta el tiempo que tienen las agencias del gobierno para evaluar los permisos solicitados bajo iniciativas subvencionadas con fondos federales “como si fuera emergencia, pero que sea la política pública”.

“Estamos estableciendo (los proyectos) para garantizar que (los permisos) puedan salir a tiempo y en respuesta a la crítica que tenemos en Estados Unidos de que se nos están dando millones y millones de dólares para ser invertidos y por burocracia no se han podido ejecutar. Nosotros estamos poniendo nuestro granito de arena desde el punto de vista de la Asamblea Legislativa y ahora estamos quitando el primer obstáculo”, expuso Hernández.

Las agencias o municipios a los cuales la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) les solicite comentarios, tendrán el término de 20 días laborables para presentar los mismos. Mientras que, se mantendrá el término de 30 días para que un proyecto subvencionado con fondos federales con impacto ambiental sea evaluado por el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).

“Esta medida adelanta todos los endosos y lo que es la intervención del gobierno en esto en una sola mesa, pero el término ambiental se mantiene el que está por ley hoy en estado de derecho. Queremos hacer que las cosas pasen y quiero estar claro porque cuando uno ve la cantidad de dinero para inversión de infraestructura que tiene Puerto Rico actualmente, nosotros estamos raspando en bien poco lo que está encaminado porque también hay dificultad de inflación que se está atendiendo”, sostuvo el líder cameral.

Según Hernández, lo que hicieron con esta medida sobre permisos fue “replicar” la orden ejecutiva de Pierluisi que declara un estado de emergencia por la infraestructura de la Isla.

Sin embargo, otra medida (PC1192) -radicada por separado- busca que si el municipio y el DRNA no emiten sus recomendaciones como parte del proceso de evaluación del permiso en 30 días a partir de la notificación de la OGPe, “se entenderá que no tienen recomendaciones ni objeciones y se procederá con el otorgamiento o denegación” que determine dicha agencia adscrita al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC).

Esta última- presentada por el PNP- sería de aplicación a cualquier solicitud de permiso, incluyendo los subvencionados con fondos federales.

De la mano del PC119, los representantes también radicaron el PC 2068, que clarifica las repercusiones que enfrentarán las agencias gubernamentales, municipios o el DRNA si al cabo de 30 días -como establece la ley- no someten sus recomendaciones a la OGPe sobre algún proyecto.

A 5 años la renovación y menos papeleo

Otro de los proyectos (el PC2057), explicado por Parés, elimina la obligatoriedad de renovar el Permiso Único anualmente y lo extiende a cinco años. Con esta enmienda, los permisos tendrán una vigencia de cinco años mientras el comerciante mantenga el mismo propósito para su negocio. Si amplía su comercio tendrá que renovar el permiso e incluir las nuevas áreas comerciales.

“Estos proyectos que estamos radicando junto a la delegación del PPD van en vanguardia. La medida que yo tengo mira que actualmente si un comerciante tiene cierto permiso para operación de panadería o repostería, y ese negocio no cambia su propósito, no se va a requerir una renovación. Actualmente, se expide un permiso y hay que renovarlo cada año, si ese negocio sigue operando de manera similar no tendrá que renovarlo”, expuso Parés.

A modo de ejemplo, indicó que si un comerciante tiene un colmado y extiende su propósito para la venta de carnes, entonces procedería la renovación. “Aquí se atiende el gasto porque hay muchos negocios que se quedan estáticos por más de cinco años. La queja de estos empresarios es sobre por qué tienen que seguir gastando su dinero en permisos, cuando el negocio no ha cambiado”, abundó.

Los costos para adquirir los permisos para negocios en Puerto Rico rondan entre un mínimo de $300 y más de $1,000.

Tanto Hernández como Parés rechazaron que esta enmienda impacte los recaudos de los municipios y del fisco porque “aunque se paga fijo anualmente, se encarece la actividad económica que deja más en patentes, en el Impuesto de Ventas y Uso (IVU) y en la creación de empleos”.

De otro lado, también radicaron un proyecto (el PC2060) que busca eliminar la duplicidad de documentos básicos que actualmente son requeridos cada vez que el solicitante renueva el permiso. Con esta enmienda, el Sistema Unificado de Información (SUI) garantizará la migración de datos del proponente que estén en poder de agencias gubernamentales o hubiesen sido emitidos por el gobierno como: certificados de antecedentes penales, radicación de planillas, entre otros.

“Esta es, de todas las medidas, la más que la gente se queja porque no lo ve lógico el por qué le solicitan un documento que tienen (el gobierno), y atrasan el proceso de permisos y de pagarle a los empleados, porque sin permisos se convierte en un negocio ilegal”, explicó Hernández.

Otra iniciativa con la que la Cámara espera ajustar el proceso de permisología es el PC2059, que persigue que los ciudadanos tengan acceso a un Registro de Profesionales Autorizados y los Inspectores Autorizados -que creará la OGPe-, así como de las querellas que existan contra estos. Además, la Junta de Planificación tendrá que auditar a estos profesionales cada tres años para mantener sus certificaciones.

“Ahora en muchas ocasiones se busca un profesional autorizado y se pierden sin terminar el proceso, quedándose con el dinero”, detalló Cortés, representante del PPD y autor de esa medida.

Nuevo permiso de “uso domiciliario”

De otra parte, los legisladores detallaron que el paquete incluye un proyecto (el PC2061) que busca añadir un nuevo Permiso de uso Domiciliario, que aplica a los llamados ‘startup’ y las personas contratistas que trabajen desde sus residencias.

De esta forma, se podría utilizar hasta un 25% del espacio de la residencia para operar un negocio sin rotulación. La persona solo podrá operar el comercio de forma administrativa o “ecommerce”, y no le es permitido recibir público.

Una vez el solicitante envíe la documentación, el SUI deberá conceder el permiso en 24 horas. Según los representantes, este será el permiso con el costo más bajo dentro de la estructura de permisos, porque no requiere mucha documentación. Los contratistas que trabajen desde sus hogares se ahorrarían permisos de salud y otros que ordinariamente se requieren para tener negocio.

Con relación a los nuevos permisos, los representantes también sometieron el PC 2063 que propone que los permisos ministeriales, que toman de uno a seis meses, se otorguen a 48 horas después de completarse la solicitud. La medida establece que una vez el solicitante complete todo el proceso de renovaciones de licencias y certificaciones al SUI, recibiría la renovación automáticamente.

Sobre el Reglamento Conjunto

La participación de las comunidades en el Reglamento Conjunto también busca ser atendida en el PC2064, que pone como requisito el que la OGPe y la Junta de Planificación permitan la participación ciudadana en vistas públicas, desde la redacción hasta la aprobación de este documento que se utiliza para la evaluación y expedición de permisos relacionados con el desarrollo, uso de terrenos, zonificación y operación de negocios.

Esta pieza- radicada por representantes del PNP y el PPD- establece que la Junta de Planificación y la OGPe son los llamados a trabajar con el Reglamento Conjunto.

Para los legisladores populares y novoprogresistas las controversias recientes con el Reglamento Conjunto surgen porque se limita la participación de los afectados en las vistas públicas, las cuales se realizan después de redactado el documento, terminando el asunto en los tribunales.

De otro lado, presentaron el PC2065 que propone que la OGPe y la Junta de Planificación sigan el Sistema de Clasificación de la Industria Norteamericana (Código NAICS) para que las actividades comerciales puedan incluir una variedad de usos y que se cobren solamente tres usos por actividad comercial. Es decir, si tiene más de tres usos comerciales, del cuarto en adelante serían gratis.

Los otros proyectos restantes están relacionados a la creación de campañas educativas y publicitarias sobre el Permiso Fácil, a que los Códigos de Construcción apliquen de forma prospectiva y, finalmente, a darle un alivio económico a los municipios para que los profesionales gestores de permisos puedan ser contratados entre dos ayuntamientos y el pago sea dividido.

Descartan interés político

Los representantes han sostenido reuniones sobre este tema con la Cámara de Comercio de Puerto Rico, la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA) y hasta con grupos de industriales.

No obstante, los representantes descartaron que la razón por la que están presentando estas 13 enmiendas a la Ley 161 sea con un interés político debido al año electoral. Según mencionaron, esto es un esfuerzo que por años se ha trabajado en ambos cuerpos legislativos.

El representante Cortés, explicó que hace dos años y medio que llevan trabajando en medidas para reformar el sistema de permisos. “La buena voluntad la hay, la negociación está y no hay mejor oportunidad que esta para el diálogo. Creo que ha pasado tiempo y para proyectos como este se necesita tiempo, escuchar a empresarios, microempresarios, industriales y gasolineras. Es un trabajo legislativo de primera y por eso se tomó todo este tiempo”, dijo.

Parés, por su parte, dijo que el acuerdo nace del “oído en tierra del presidente y nuestro con los sectores privados”.

“No sale esto de la nada. Es que ha habido conversaciones con el sector privado que ha llevado sus preocupaciones a la Cámara y lo hemos traído aquí para presentarlo”, aseveró Parés.

La periodista Ayeza Díaz colaboró en la redacción de esta historia.