No se ha discutido a profundidad respecto a la consulta de estatus que se realizará de manera simultánea con las próximas elecciones generales. Anteriormente comentaba sobre la importancia de las definiciones en cuanto a una posible consulta de estatus Estadidad Sí o No para la corrección del proceso. Dicho llamado cayó en oídos sordos. Por lo tanto, el denominado ejercicio de autodeterminación se convierte en un intento de la imposición unilateral de la preferencia de estatus de los oficiales gubernamentales electos en el año 2016. Muchos de los cuales dejarán de serlo el mismo día del evento. Así pues, sobran las razones para votar No el próximo 3 de noviembre.
Contrario a lo que se ha representado a nivel local, los estatus políticos no son ideologías. No pueden serlo según la propia definición del concepto. Los estatus políticos son “conformaciones temporeras sobre la distribución territorial del poder”. A base de las mismas se acuerda la manera en que se distribuirá y/o compartirá el poder dentro de los linderos del territorio en cuestión, de manera tal, que en la interacción del estado que sea en relación con el resto de los actores estatales, por consideraciones geográficas, ideológicas o históricas, se busca la mejor manera posible en que todos puedan hacer crecer sus oportunidades económicas procurando la mejor calidad de vida posible para sus habitantes. En síntesis, los estatus no son ideologías sino más bien son arreglos económicos. Por lo tanto, la razón principal para votar No es el hecho que en esta coyuntura:
(1) La estadidad empeoraría la economía de Puerto Rico en lugar de mejorarla. El proyecto económico “estadista”, según pregonado, está fundamentado en procurar mayor “asistencialismo social” a través de programas suplementarios de ese tipo que solo están disponibles en los estados. En un país en el que más del 60% de la gente vive bajo los niveles de pobreza, dicho asistencialismo, como ha ocurrido hasta el presente, solo logrará perpetuar esa pobreza. Así pues, a mayor asistencialismo, mayor pobreza.
(2) No se puede entrar a una sociedad en igualdad de condiciones siendo el más pobre de los socios. Un voto por el Sí, según la Exposición de Motivos de la Ley 51-2020, sería un mandato para iniciar un proceso de integración con EE.UU. para asumir iguales deberes y derechos. Si usted entra a una sociedad de 50 socios, los cuales cada uno ostenta $100 de capital y usted tiene solamente $10, ocurrirá lo siguiente: el día que los demás socios acuerden invertir al menos $11 en alguna gestión, eso representará automáticamente la insolvencia para usted. Así que ojo con el concepto “igualdad” en este preciso momento.
(3) El Art. 4.3 habla de iniciar un “Plan de Transición” que al no estar claramente definido en la Ley, podría dirigirnos de cabeza al “Territorio Incorporado”. Lo que representaría el pago de impuestos, así como asumir otras obligaciones de la estadidad, pero sin los derechos que conferiría dicho estatus. Eso, en medio de esta quiebra que vivimos, representaría un tiro en el pie.
(4) Un voto por el Sí le brindaría la excusa perfecta a gobiernos estadistas futuros para descartar de plano cualquier otro planteamiento alternativo descolonizador bajo el argumento del “mandato del pueblo”. Por su parte, un voto por el No abre una gama de posibilidades de búsqueda de consensos en cuanto a procesos de autodeterminación futuros en los que se tengan en consideración los principios y prerrogativas de todos los sectores que abogan por la descolonización de este pueblo, incluyendo a los propios estadistas que reconocen la inviabilidad económica de la estadidad en este momento.
Otra de las razones principales para votar No el 3 de noviembre, lo es el hecho de que (5) el honorable Tribunal Supremo de Puerto Rico le ha cerrado la puerta en la cara a las explicaciones esotéricas sobre resultados. De ordinario, los defensores del estatus quo, se han valido de explicaciones relacionadas a votos en blanco, bajas participaciones y ninguna de las anteriores para bloquear a nivel federal peticiones de estadidad anteriores. La reciente opinión de nuestro más alto foro judicial al respecto, ha cortado esa posibilidad a la vez que le brinda un alto grado de legitimidad al ejercicio de autodeterminación.
Sobran las razones para votar No.
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