Para el cofundador del capítulo de Puerto Rico de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés), el licenciado William Ramírez Hernández, a la fiscalía no le queda otro remedio que “mostrar todas sus cartas” en la vista en alzada de etapa de Regla 6 contra los seis agentes involucrados en la intervención policiaca que resultó en la muerte del adolescente Javier Antonio Cordero Nevárez.
El abogado llegó a la conclusión luego de que el miércoles, la jueza Iraida Rodríguez no encontró prueba suficiente para arrestar a los seis policías imputados, tras más de cinco horas de audiencia en la que se presentaron dos testimonios presenciales: la oficial a cargo de la pesquisa del caso y la madre del joven, Sheila Nevárez.
“La realidad es que en una vista de Regla 6 no quieres enseñar todas tus cartas, solo lo suficiente para que el caso prosiga, ya que se supone que solo se requiere una cintila de evidencia para demostrar que se debe proseguir con el caso. Aquí, únicamente con demostrar cómo dispararon a un joven desarmado, que no tenía escapatoria, en más de 60 ocasiones se cumplía dicho requisito”, opinó Ramírez Hernández, quien dirigió la ACLU a nivel local por dos décadas.
El letrado opinó que en su segundo turno- pautado para el 30 de abril- el Ministerio Público tendrá que sentar en el banquillo de los testigos a la totalidad de los peritos e incluso, los dos oficiales que también participaron en la intervención, pero no enfrentan cargos por la muerte del joven.
Los seis agentes imputados son: Giovanny Santiago Avilés, Roseanne Ruiz Cisneros, Félix Ahmed De Jesús Abreu, Luis Enrique Vélez Mari, Kelvin Omar Meléndez Monsegur y Paola M. Farías Santiago.
Recomiendan transmitir la vista en alzada
Entretanto, Ramírez Hernández advirtió que el desenlace de la vista del miércoles abonó a la percepción de que el sistema de justicia “siempre va a favorecer a los policías” para evitar desanimarlos, por lo que recomendó al Poder Judicial autorizar la transmisión electrónica del proceso para despejar cualquier duda sobre el mismo y evitar la especulación.
“La única manera de lograr una transparencia y rendición de cuentas es abriendo las puertas y transmitir la vista, debido a que en Puerto Rico no existe ningún mecanismo de monitoreo civil independiente sobre las acciones de la Policía como en otras jurisdicciones”, reclamó Ramírez Hernández.
De manera similar se expresó el presidente de la Corporación Organizada de Policías y Seguridad (COPS), Jaime Morales, al opinar que “sería ideal” que la vista sea transmitida por los perfiles de medios sociales del Poder Judicial o los medios noticiosos que soliciten acceso.
Los abogados de la organización policiaca tuvieron a su cargo la representación legal de cinco de los agentes imputados por la fatal intervención. La única de los oficiales que llegó al Centro Judicial de San Juan con abogados privados fue Roseanne Ruiz Cisneros, quien también fue la única del grupo que enfrentó un cargo de asesinato en primer grado.
Morales catalogó el proceso como uno “injusto”, ya que no se trata de oficiales corruptos, sino de agentes que salieron a defender a la ciudadanía, proteger vidas y propiedades.
“Ahora en vista en alzada, veremos la realidad de lo que ocurrió porque la Fiscalía no podrá valerse de declaraciones juradas y tendrá que traer a todos sus testigos, por lo que tendrán que responder a todas las preguntas de los abogados”, vaticinó el líder de COPS.
A su salida de la sala 907 del Centro Judicial de San Juan, la fiscal Yolanda Morales Ramos defendió la labor del Ministerio Público al afirmar que “se hizo una investigación extensa y se llevó a cabo toda la labor que se tenía que hacer”.
“Nuestra posición es que pasamos prueba más allá del estándar requerido en esta etapa de los procedimientos. Esta fue una investigación intensa y muy técnica. No solamente llevamos a cabo unos análisis básicos, sino también utilizamos tecnología avanzada en la reconstrucción de la escena para estar bien claros de lo que ocurrió esa noche”, recalcó la también directora de la División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia.
Morales Ramos describió el caso como “una tragedia para todos”.
“Es una tragedia sobre todo para la Policía de Puerto Rico, porque aquí hay miles de agentes que salen todos los días a hacer su trabajo y no tienen que vaciar sus armas de reglamento para defenderse. Aquí hay muchos agentes que exponen sus vidas y no tienen que matar a una persona para alegar que hay defensa legítima”, sostuvo.
Defiende labor de fiscales
Mientras que el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, manifestó ayer por medio de declaraciones escritas que “la fiscalía cumplió con su labor”.
“Tras examinar minuciosamente la totalidad de la prueba de lo que ocurrió la noche de los hechos, el equipo investigador concluyó que no se justificaba el uso de armas en la intervención y que la escena no era compatible con una actuación en legítima defensa”, agregó el funcionario.
Emanuelli Hernández se solidarizó con la madre de Cordero Nevárez y se mostró esperanzado en que el Ministerio Público logrará hacerle justicia.
Reclama justicia
Ayer en el programa televisivo Día a Día, Sheila Nevárez reclamó justicia para su hijo al explicar que en la vista salió a relucir que los agentes no ordenaron al alto cuando intervinieron con el joven por alegadamente conducir un vehículo reportado como hurtado.
“Ellos indican que la Policía está para proteger vida y propiedad. ¿Por qué la excepción fue mi hijo? ¿Por qué ellos no fueron a detenerlo? Ellos fueron a dispararles. Eso fue un asesinato”, reclamó Nevárez.
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