Jefa de Corrección asegura que no firmó la excarcelación de feminicida

Escobar Pabón indicó que cualquier asunto o documento relacionado con la investigación del caso de Ávila Vázquez “se hará público una vez concluya” y se entregue al Departamento de Justicia.

La polémica por la firma que permitió la salida de quien había sido sentenciado a cumplir 122 años de prisión por asesinato, surgió ayer nuevamente como parte de las denuncias del aspirante a senador por el Partido Popular Democrático Carlos Díaz Sánchez, quien puntualizó que la Ley 25 de 1992 establece que la responsabilidad de la egresión de los confinados recae únicamente en la secretaria. Indicó que si ella delegó esa responsabilidad, infringió la ley.

“La secretaria Escobar Pabón y el gobernador Pedro Pierluisi tienen la obligación de demostrarle al pueblo de Puerto Rico la hoja de trámite de salida de Ávila Vázquez y evidenciar si se cumplió con la Ley y el debido proceso de garantizar la seguridad de los ciudadanos y las víctimas o familiares de las víctimas”, manifestó Díaz Sánchez.

“Quiero que les muestren a los puertorriqueños si hubo negligencia en el cumplimiento de las funciones, incompetencia o mediocridad”, sentenció.

Mencionó además que, recientemente, 43 confinados de máxima seguridad de la Correccional de Ponce a los que el Comité de Clasificación y Tratamiento denegó la salida, fueron trasladados a un juego de baloncesto. La presunta autorización para el juego del pasado sábado, 20 de abril provino de una subalterna de la secretaria, según consta en un documento mostrado por el exsenador y que había sido enviado a la Oficina de Programas y Servicios de la Región Sur.

“La secretaria de Corrección autorizó, por encima del Comité, la salida de 43 confinados de alto riesgo … ¿Quién lo autorizó? Jannette Rodríguez, secretaria auxiliar de Programas y Servicios, en representación de la secretaria”, manifestó Díaz Sánchez durante una conferencia de prensa.

“El documento lo que va a demostrar es quién autorizó, o quién estuvo a cargo de velar por la seguridad de la sociedad, de la víctima o de los familiares de las víctimas. Pero esa responsabilidad es inherente, por ley, a la secretaria de Corrección. No es delegable por ley… Que haga público el documento de quién firmó la autorización de salida”, agregó el exsenador.

Díaz Sánchez -quien se desafilió del Partido Nuevo Progresista (PNP) y ahora aspira a retornar a la Legislatura con el PPD- también señaló que el aumento de sueldo de $73,000 a $117,000 que la secretaria del DCR se agenció en su puesto de carrera obtuvo el aval de la directora de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (Oatrh), Zahira Maldonado Molina y fue evaluado en la agencia por Francisco González Magaz, quien es esposo de Maldonado Molina.

“Esto sin duda es un claro conflicto de interés. Estas actuaciones pone en entredicho la confiabilidad y transparencia con la que se trabajó este plan que eleva el salario de la secretaria de Corrección en $44,000 al año”.

Sin embargo, Escobar Pabón dijo que el Plan de Clasificación y Retribución Central del Gobierno fue hecho por la Junta de Supervisión Fiscal y Oatrh y rechazó que haya un conflicto de interés al señalar que el abogado “no tiene injerencia en los asuntos tratados por la Oatrh y el DCR”.

“Además, para garantizar la transparencia y evitar cualquier conflicto de interés, la licenciada Maldonado Molina notificó, en 2021, a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) que se inhibe de todo asunto relacionado con las agencias en las cuales su esposo esté contratado”, agregó la funcionaria.

Sobre el presunto conflicto de interés, Maldonado Molina, dijo que “el afán de hacer daño del señor Díaz lo ha llevado a mentir, desinformar y lanzar acusaciones falsas y malintencionadas, con total menosprecio a la verdad”.