La organización Comité Timón, la Alianza de Autismo de Puerto Rico y padres de Niños de Educación Especial se unieron en oposición al cierre administrativo de 11 de 87 estipulaciones que se establecieron en el pleito de clase Rosa Lydia Vélez, en el que el Departamento de Educación (DE) lleva sumido por más de 40 años.
Las organizaciones, en representación de padres, madres y encargados, aseguraron que la sentencia parcial, dictada el pasado 29 de septiembre por la jueza María Cabrera Torres, autorizó el cierre sin una notificación justa a los integrantes de las clases y obviando su solicitud de que se les otorgara más tiempo para contestar la recomendación de la monitora del DE.
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“El Tribunal de Primera Instancia ordenó ese cierre administrativo de las estipulaciones, a pesar de que se había estado requiriendo que se diera el espacio para poder comunicarse con la clase para poder hacer asambleas regionales, para indagar y buscar más información sobre lo que estaba ocurriendo en el país relacionado a esas estipulaciones”, mencionó en una conferencia de prensa en las afueras del Centro Judicial de San Juan la portavoz del Comité Timón, Carmen Warren.
La resolución de la sentencia dicta que las estipulaciones 4, 9, 12, 13, 16, 18, 20, 27, 28, 58 y 59 se archivarán de forma administrativa, tras la monitora, Pilar Beléndez presentar un informe en 2022, en el que se estipula que en los pasados años el DE ha cumplido a cabalidad con lo exigido.
Las estipulaciones a archivar exigen a la entidad gubernamental reportes, plazos para la prestación de servicios, divulgación sobre el Programa de Educación Especial y métodos de transporte alternos.
Ante esto, Warren afirmó que los abogados de la clase solicitarán una reconsideración al tribunal para que las comunidades escolares sean quienes dicten si lo exigido se está cumpliendo o no, antes de que la decisión sea final y firme.
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“La clase tiene más de 100,000 estudiantes. Los padres de todos y cada uno de los estudiantes de este país tienen el derecho a ventilar con los abogados que les representa cuáles son las situaciones relacionadas a estas estipulaciones. Por lo que se requiere que el tribunal autorice el que se emitan unos edictos, que se realicen reuniones regionales o de diferentes oportunidades para que los abogados puedan conversar con sus clientes, para que puedan establecer claramente cuáles, de estas estipulaciones, si es cierto que están en cumplimiento, se pueden cerrar”, detalló la portavoz.
“A nosotros nos parece que el sistema judicial nos ha fallado, le ha fallado a la juventud de este país, a la niñez y a la familia”, añadió.
Warren señaló que temen que este sea el inicio de una eliminación paulatina de lo estipulado en el pleito de clase, surgido en 1980 cuando Vélez, madre de una joven que tenía perlesía cerebral, demandó al DE por no brindarle a su hija servicios educativos ajustados a sus necesidades.
“Nosotros sabemos que la intención de muchos gobiernos es que este pleito se cierre, pero nosotros, los padres y las madres, no vamos a permitir que este pleito cierre hasta que el departamento cumpla cabalmente”, indicó.
Luego de la conferencia, Stephanie Morales, madre de dos niños de educación especial, comentó entre llanto que el archivo administrativo de las estipulaciones será perjudicial.
“Yo siento que va a ser devastador para todos los niños de Puerto Rico y para el futuro de nuestro país, porque los niños que no reciben servicios de educación especial, van a ser en un futuro un problema para la sociedad. Tenemos que atacar el problema porque lo estamos viendo, y tenemos los recursos. ¿Por qué no dárselos a esta comunidad que está tan vulnerable?”, cuestionó la joven madre.
Conforme a estos reclamos, la secretaria asociada de educación especial, Noelia Cortes, dijo a este medio que el archivo supondrá mayor atención a la ejecución que a los aspectos administrativos.
“Esto nos va a dar apertura a nosotros a que evitemos tanto trabajo administrativo, que es lo que hemos estado haciendo todo este tiempo y lo dediquemos al servicio directo de nuestros estudiantes”, argumentó la secretaria asociada. “Están ligando la información a que nosotros vamos a dejar ya el compromiso que tenemos a que estas estipulaciones queden cerradas. No está atado a esto, nosotros continuamos con nuestro enfoque”, concluyó.
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