Inicia el plan de descentralización de Educación

“Esto es un cambio radical, pero positivo en la forma y manera que va a operar el DE, y esto viene del secretario federal de Educación, Miguel Cardona, en conversaciones conmigo. Solo cinco jurisdicciones de los Estados Unidos operan bajo este modelo, y la nuestra es de las más grandes”, comunicó el gobernador a EL VOCERO.

“Ahora mismo, se toman las decisiones a nivel central y puede haber una desconexión con las necesidades particulares de una escuela, por ejemplo, en Patillas. Es muy diferente una escuela en Patillas a una escuela en San Juan, y si son las mismas decisiones para todas, no estamos siendo efectivos. El proceso no es adecuado y lo vamos a cambiar”, expresó, acompañado de miembros de su gabinete como la secretaria designada de Educación, Yanira Raíces Vega, y el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Juan Carlos Blanco Urrutia.

Datos demográficos, geográficos y comunitarios se utilizarán para implementar un número indeterminado de LEAs alrededor de la Isla, que serán delegadas funciones ejecutivas y tendrán bajo su liderazgo una cantidad variable de escuelas, dependiendo de la población de las regiones a las que representan.

Las LEAs trabajarán junto a directores, maestros y consejos escolares, con tal de permitir que las comunidades educativas adquieran un rol activo en la toma de decisiones.

Asimismo, cada LEA estará acompañada de un consejo asesor, compuesto también de educadores y miembros de la comunidad, que supervisará su gestión administrativa. Esta disposición va de la mano con la misión general del secretario Cardona, indicó su asesor principal Chris Soto, que buscó el continuo aval del personal docente y no docente durante la elaboración de estas estrategias.

“Además de compartir lo que quieren ver en su sistema educativo, las comunidades también nos dejaron saber lo que no quieren ver. Primero, que la descentralización no conduzca a la privatización, y segundo, que estos esfuerzos no afecten los convenios colectivos del personal docente y no docente. Déjenme ser bien claro: nuestro departamento no respalda ningún intento de usar los recursos públicos limitados para la privatización. Nuestra administración también reafirma su compromiso con los convenios colectivos aquí en Puerto Rico”, puntualizó Soto.

La atención particular de la administración del presidente Biden, continuó Soto, fue prestada hacia la solución de la deficiencia histórica en los programas de educación especial del DE. Como LEA, aseguró el asesor, las oficinas de ejecución local pueden acceder a protecciones federales respecto a presupuesto para programas de necesidades especiales, así como a protecciones federales para familias que se ocupan de estudiantes con tales necesidades.

A tono con la ley

En virtud de la introducción de la nueva estructura administrativa, el DE comenzará tres proyectos pilotos que estudiarán cómo funcionarán las propuestas de IDEAR en la práctica: uno en una zona urbana de desempeño académico promedio, uno en una zona con escuelas de bajo desempeño académico y uno en una zona rural. Por otro lado, su nuevo rol de monitoreo fiscalizará el buen cumplimiento de los presupuestos de las LEAs y la atención “con premura” de posibles señalamientos por informes de auditoría, con tal de “evitar incurriendo en la misma mala práctica, de haberla”, sostuvo el ingeniero Roger Iglesias, director asociado de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe)

“Tenemos que tener sistemas de fiscalización. Esto no significa ahora que aquí van a haber distintos presupuestos y van a haber distintos procesos, y que no van a haber controles. Tienen que existir los controles y estamos trabajando en proyectos para mejorar el sistema financiero de todo Puerto Rico. Trabajando con el equipo del Departamento de Hacienda, estamos asegurando que en el DEPR se incluyan esos controles –no solamente dentro del departamento, sino dentro del sistema financiero de todo el gobierno–, para estar seguros que tanto los fondos estatales como los fondos federales que se han asignado al DE, a cada una de las regiones y escuelas, estén siendo utilizados según su propósito y cómo corresponde”, agregó Blanco Urrutia, también director del comité ejecutivo de IDEAR.

Visto bueno del magisterio

También miembro del comité ejecutivo de IDEAR, el presidente de la Asociación de Maestros de Puerto Rico, Víctor Bonilla Sánchez, catalogó con buenos ojos las disposiciones del informe de descentralización, ya que responden directamente a “décadas” de reclamos del magisterio para participar de manera activa en decisiones de presupuesto y formación educativa y no coartan sus derechos laborales adquiridos.

“Fueron tres aspectos bien importantes a los que estuvimos muy pendientes y trabajamos conjuntamente con estos miembros del Comité IDEAR. Uno era la autonomía fiscal, porque por años los compañeros maestros nos han dicho que necesitaban una participación activa en las decisiones de lo que necesitaba cada núcleo escolar. Como gremio representando al sindicato de maestros de Puerto Rico, (velamos) que no se mirara hacia atrás con la negociación colectiva –por la ley de sindicación que tanto luchamos–, y también con la privatización de la escuela pública”, expresó el líder sindical.