Aunque no compartían lazos sanguíneos, Mery Bermúdez consideraba a Yolanda Torres Rivera una hermana.
“No de padre y madre, pero 50 años de conocernos, vivir una al lado de la otra, pues era mi hermana”, indicó la mujer de 75 años.
El pasado lunes, Manuel Ángel García Torres, de 53 años y paciente de trastornos mentales, presuntamente asesinó a puñaladas a su progenitora, Torres Rivera, de 87 años, a eso de la 1:56 de la tarde en la casa de la víctima, que ubica en la calle Fernando I en la urbanización Bairoa, en Caguas.
“Aquí todos somos una comunidad que todos nos amamos y todos nos respetamos y nos ayudamos los unos a los otros. Pero hay circunstancias de la vida que no están al alcance de uno, que uno no hubiese querido jamás en la vida que sucedieran”, abundó.
La vecina señaló que, tras no poder contactar a la octogenaria vía telefónica para que la hermana de García Torres lo pudiese recoger y llevar a una cita con su psiquiatra, contactaron a la Policía, quienes, junto a un grupo de vecinos, tumbaron la puerta, topándose con el cadáver ensangrentado de la anciana.
De acuerdo con Bermúdez, Yolanda “era un amor para todo el mundo. Una excelente madre y él un excelente hijo”.
“Lamentablemente, él había perdido su mente... Ya no actúa igual, y sucedió esto”, indicó, señalando que los problemas psicológicos de García Torres habrían comenzado tras el paso del huracán María.
Aunque, según fuentes de EL VOCERO, García Torres había agredido a la anciana el 17 de febrero de 2022, cuando la tiró al piso y la arrastró, continuó manteniendo relación con su madre y otros familiares.
Anoche, la jueza María Rojas Delgado, del Tribunal de Caguas, encontró causa para arresto y fijó una fianza de $200,000 contra García Torres imputado de asesinar a su madre. La vista preliminar fue pautada para el próximo 29 de abril.
Escasos los profesionales de salud mental
Para el psicólogo Johnny Rullán, la tragedia es doble, al tratarse de un caso que se pudo haber prevenido mediante la evaluación de riesgos.
“Es protocolar dentro de un tratamiento psicoterapéutico... Hay todo un proceso para evaluar eso, detectarlo y tomar acción a tiempo, ya sea mediante la radicación de una 408 o mediante la intervención de la Policía”, puntualizó Rullán.
El especialista explicó que algunos indicadores de que una persona podría requerir una intervención para evaluar algún riesgo incluyen el aislamiento, la súbita negativa para participar en eventos sociales y los cambios de ánimo abruptos.
“Todos esos son indicadores, pero viéndolo de una forma sistémica, creo que hay unas soluciones que pueden ayudar a que haya ese ojo clínico constantemente evaluando, monitoreando, para ese riesgo. Y tiene que ver con aumentar la cantidad de proveedores de salud mental que tenemos disponible en Puerto Rico”, abundó.
Datos del Health Resources and Services Administration (HRSA) revelan que, actualmente, 75 pueblos en la Isla están catalogados a nivel federal como Área de Escasez de Profesionales de Salud Mental (HPSA, en inglés), 53 de los cuales son municipios de poblaciones pobres.
Para figurar bajo esa clasificación, Rullán explicó que el HRSA toma en consideración tres criterios: “que no haya ningún proveedor de salud mental por cada 6,000 habitantes, que se vive bajo niveles federales de pobreza” y que los métodos de transportación complican el acceso a servicios.
De acuerdo con Rullán, hay 224 psiquiatras licenciados en Puerto Rico, lo que se traduce en un especialista por cada 3,500 personas con trastorno de salud mental. No obstante, afirmó que no todos los ciudadanos tienen acceso a estos servicios. Además, señaló que en la Isla solo hay 32 plazas de internados en psicología aprobados por la Asociación Americana de Psicología (APA, en inglés), mientras que solamente hay 12 residencias psiquiátricas.
“Los programas académicos de maestría y doctorado en psicología clínica, en psiquiatría, en consejería, están repletos. Lo que pasa es que la mitad consigue su internado por obligación en Estados Unidos, donde muchas veces la paga es doble y se quedan allá afuera”, señaló Rullán, quien es integrante de la Coalición por la Salud Mental, que agrupa a profesionales con la misión de atender la crisis de salud mental en Puerto Rico.
Por su parte, la presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales, Krystal Pérez Martínez, al hablar sobre el acceso a estos servicios mencionó que se debe mirar a los planes médicos.
“Lamentablemente, ese sistema es un sistema basado en el capitalismo, en la ganancia, y no funciona para los servicios que necesitamos”, expresó.
Además de indicar que primero se deben evaluar las necesidades comunitarias, Pérez Martínez también señaló que es esencial que el Estado evalúe cómo se puede implementar un plan universal que, además de ofrecer una mejor retribución a los profesionales, garantice la disponibilidad de estos especialistas y de los servicios que proveen.
“Recientemente, un trabajador social había indicado que estamos teniendo un éxodo de profesionales porque las condiciones laborales del País no están permitiendo que los profesionales de salud mental tengan una vida sostenible con los sueldos que están pagando”, agregó.
Educación para romper el estigma
Previo al matricidio que se le imputa, García Torres fue reportado como desaparecido por familiares el pasado 28 de marzo, apareciendo en buen estado de salud dos días después.
Según fuentes policiales de EL VOCERO, tras su regreso, agentes les recomendaron a los familiares ir al tribunal para procurar una orden de ingreso involuntario a un hospital para pacientes mentales. No obstante, no se solicitó la orden, conocida en el argot judicial como una 408.
“Cuando hay suficiente sospecha o sospecha razonable de que (la persona) va a hacerse daño a sí misma o a otra persona, se puede hacer (una hospitalización) de forma involuntaria”, puntualizó Rullán.
Sin embargo, el especialista reconoció que el “estigma que hay en Puerto Rico con relación a salud mental” puede provocar que las personas no recurran a las ayudas que necesitan.
“Hace falta mucha educación para romper con ese estigma que pudiese estar limitando a alguien a... ni tan siquiera buscar servicios cuando los necesita, que pudiese haber sido el caso con este hombre de Caguas... A veces esa resistencia (de buscar ayuda) viene por ese estigma”, manifestó.
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