Interés Humano

El camino que han comenzado miles de cesanteados para obtener las ayudas del Gobierno parece más un laberinto de formularios, oficinas, fechas y teléfonos del que a todas luces les costará trabajo salir.

A sólo días para que sean efectivos los despidos, los Centros de Respuesta Rápida están abarrotados de empleados buscando contestaciones que no siempre encuentran. Una mañana reciente en el centro ubicado en San Juan, cerca de 20 empleados despedidos esperaban para escuchar las opciones que tienen y la larga lista de requisitos con los que tendrán que cumplir antes de obtener las ayudas.

La empleada asignada a orientarlos dejó saber de inmediato que en este lugar no los ayudarían a conseguir el cheque de desempleo, pues para esto abrirán otra oficina a la que podrán acudir luego del 9 de noviembre. La segunda advertencia fue que no todos cualificarían para las ayudas del Gobierno, como el Programa de Asistencia Nutricional (PAN). La información provocó suspiros y luego, muchas preguntas. “¿Cómo es posible que puede que yo no cualifique para estas ayudas si voy a estar desempleada?”, preguntó una de las mujeres. La contestación: cada caso sería evaluado. La señora tendrá que solicitar una cita y esperar a ser llamada para evaluación. Si tienen preguntas, les ofrecieron las extensiones de tres empleados o “especialistas de servicio” que los atenderían. EL VOCERO llamó. Solo contestó uno de los tres asignados a atender a los miles de empleados públicos que solicitarán ayuda.

La orientadora, muy profesional y paciente, explicó cada una de las alternativas que tienen estos empleados para recibir dinero del Gobierno: vales para estudiar por $5,000 ó $2,500; un vale para mudarse por $2,500 ó uno para establecer un negocio por $5,000. Los vales también tienen sus advertencias. Por ejemplo, los que quieran establecer un negocio tienen que completar el proceso en seis meses. El vale de “relocalización”, les explicó la adiestradora, cubre una mudanza en la Isla o un pasaje de avión, de ida, pero no de vuelta.

En su orientación, constantemente se refirió a los “cesanteados de la Ley 7”, hasta que un hombre sentado en la primera fila dijo “son los cesanteados de Fortuño, llámalos por su nombre”. La frase no volvió a escucharse en toda la orientación.

$15.6 millones para orientar

En total, el Gobierno destinó $15.6 millones a cinco empresas privadas que operan estos centros en San Juan, Moca, Mayagüez, Arecibo, Ponce y Las Piedras. Se supone que en estos lugares los cesanteados –tanto de Ley 7 como de empresas privadas– puedan obtener documentos como certificados médicos, solicitudes para obtener la Reforma y el PAN, información sobre los vales, ayuda para hacer resumés y orientaciones sicológicas y siquiátricas. Al momento, según se informó, han atendido más de 5,700 cesanteados en toda la Isla. Los empleados que llegan a estos centros reciben un sinnúmero de documentos que deberán llenar antes de ser llamados a una segunda cita. Muchas de las ayudas no estarán disponibles hasta después de que sean efectivos los despidos en el Gobierno.

Aurelio González Cubero, director ejecutivo del Consejo de Desarrollo Ocupacional aseguró que estos centros ofrecen cerca de 30 servicios y que gastan $1,200 por cada cesanteado que acude. “Los servicios que se dan cumplen con todas las regulaciones que hay que darles. Lo que pasa es que hay algunas personas que tienen otras expectativas que quizás no se le pueda cubrir al momento pero tienen 180 días para recibir los beneficios”, expresó González Cubero. “Si están esperando una respuesta antes del 6 de noviembre, lo dudamos, pero se les está dando el servicio”.

Evidente frustración

Yahaira Cruz todavía no puede creer que se vio precisada a llenar y entregar a una empresa privada los documentos que ella misma llena desde el empleo gubernamental del que fue cesanteada. Como empleada de la Administración para el Adiestramiento de Futuros Empresarios y Trabajadores (AAFET), su trabajo es precisamente ayudar a conseguir trabajo.

“Yo trabajo con los fondos WIA, los papeles que llené son los que yo misma trabajo y entro al sistema”, dijo la mujer de 28 años. “Ellos (el Gobierno) le han pagado millones para un trabajo que nosotros podíamos hacer”. Los empleados entrevistados por este rotativo coincidieron en que el trato que recibieron en estos centros fue muy “amable”. Coincidieron además, que fue poca la ayuda que obtuvieron.

Wanda Ocasio, cesanteada del Departamento de la Familia en Bayamón, relató que se pasa de oficina en oficina tratando de conseguir la ayuda que necesita. “Yo quisiera saber cuál es la acción rápida, si tengo que esperar al día 13 para ver si voy a cualificar. Te mandan a buscar un montón de documentos y papeles”, dijo. “Acción rápida no es”. Ante su evidente desesperación, en el Centro le sugirieron visitar uno de los siquiatras que tienen disponibles. Ocasio aceptó, hizo la cita y acudió.

“Como me mandan para tantos sitios, yo les dije que iba a coger todos los papeles y los iba a quemar. Lo que hicieron fue que me mandaron a un siquiatra”, relató. “El me atendió y lo que hizo fue darme un referido para mi siquiatra privado. Eso fue lo que me dijo, que fuera a ver a mi siquiatra privado”.

RESPUESTA RAPIDA:

En total, el Gobierno destinó $15.6 millones a cinco empresas privadas que operan estos centros en San Juan, Moca, Mayagüez, Arecibo, Ponce y Las Piedras.

En estos lugares los cesanteados –tanto de Ley 7 como de empresas privadas– se supone pueden obtener documentos como certificados médicos, solicitudes para obtener la Reforma y el PAN, información sobre los vales, ayuda para hacer resumés y orientaciones sicológicas y siquiátricas.

Al momento, los centros han atendido más de 5,700 cesanteados en toda la Isla.