Ambiente

“Argumentaron que el Sierra Club pidió esa derogación y eso es mentir del modo más descarado, cuando ha sido todo lo contrario. El Sierra Club quería que se firmara el Plan Integral de Usos de Terrenos y Manejo de la Reserva Natural Corredor Ecológico del Noreste (CEN). Esa acción nos dicta los parámetros de cómo se ha manejado esto. Mentira tras mentira”. Con esa denuncia el portavoz de la Coalición Pro CEN Luis Jorge Rivera Herrera explicó las razones por las que considera muy poco probable que el grupo pueda sentarse a conversar con el presidente de la Junta de Planificación Héctor Morales Vargas o con el secretario del Departamento de Recursos Naturales Daniel Galán Kerkadó luego de que el viernes se anunciara la derogación de la catalogación de reserva natural al CEN.

“Intentamos desde el principio sentarnos a hablar de buena fe pero es bien difícil hablar con alguien que sabes que te está mintiendo de antemano”, sostuvo Rivera Herrera. En la conferencia de prensa de la JP y el DRNA se dijo que con esa determinación se atendía un reclamo del Sierra Club.

De momento, la Coalición está en el proceso de enmendar la demanda que radicaron el pasado viernes contra los miembros de la JP en la que se solicita que se ordene la aprobación del mencionado plan. La enmienda, que consiste en un cuestionamiento de la nueva orden ejecutiva emitida, deberá estar lista a más tardar en dos semanas. El portavoz de la Coalición adelantó que actualmente se encuentran en reuniones para delinear algunas estrategias más con la comunidad para manejar la situación y llevar el reclamo a varios foros. “Es muy pronto para hablar de desobediencia civil, aun no tenemos un peligro inminente como lo sería la construcción de un edificio”, aclaró.

Rivera Herrera advirtió que hay múltiples leyes y reglamentos que quedan violentados bajo la nueva orden ejecutiva. “Las dos ordenes ejecutivas anteriores están basadas en numerosas leyes que han sido aprobadas desde el 1996 como la ley de protección de corales, la ley sobre la política pública de conservación, la ley de vida silvestre, la de protección y conservación de ríos y quebradas, la de desarrollo turístico sostenible”, enumeró.

“Una orden ejecutiva no puede salir de un capricho del patrón de turno, tiene que estar respaldada por una política pública establecida por ley”, añadió.

El plan fue endosado por agencias federales, estatales, organizaciones conservacionistas locales e internacionales y grupos comunitarios en vistas públicas hace más de un año, pero la JP rehusó adoptarlo hasta el momento. La eliminación de terrenos de la reserva natural viabilizarían la construcción de proyectos residenciales turísticos propuestos por los proyectistas del Dos Mares Resort y San Miguel Resort. Este último es propiedad de un contribuyente de Fortuño. Ambos, han sido rechazados en el pasado por la Junta de Calidad Ambiental y el Tribunal Supremo de Puerto Rico.

Por su parte, Morales Vargas presidente de la JP explicó que, contrario al debido proceso de ley, la pasada Junta aprobó la Resolución PU-02-2008-24 (23) sin realizar un análisis, sin celebrar vistas públicas y sin notificarlo a los dueños de los terrenos que están dentro de la delimitación. Además, denunció discrepancias con los números de catastro de los terrenos impactados, entre otros señalamientos.