Editoriales

Apagado el fuego en la finca de tanques de almacenamiento de la Caribbean Petroleum Corporation (CAPECO) y con los resultados de una investigación preliminar publicados hay una sensación de certidumbre sobre lo que allí sucedió, sin embargo queda viva la incertidumbre sobre el extenso historial de incumplimiento contributivo de la empresa presidida por el israelí, Gad Zeevi.

Del mismo modo, las relaciones entre los ejecutivos de CAPECO con importantes figuras de la política y del sector corporativo en Puerto Rico quedan difusas ante la falta de explicaciones claras y coherentes por los actores involucrados en esta maraña de transacciones irregulares. A principios de esta década, una investigación periodística de EL VOCERO dejó al descubierto las relaciones entre la empresa e importantes figuras gubernamentales y políticas que coincidían con una transacción contributiva que le redujo a $32 millones una deuda contributiva de $191 millones. Esta transacción tuvo lugar durante la administración de la entonces gobernadora, Sila María Calderón. Al mismo tiempo, se supo que personas muy cercanas a la entonces Primera Ejecutiva habían mantenido o mantenían relaciones de negocios con CAPECO.

En aquel entonces, no hubo una explicación completa sobre lo sucedido y cómo se remediaría, más bien se despachó con una conferencia de prensa controlada, y como muchas cosas en este País el asunto murió ahí. Ahora, seis años más tarde, las llamas que ardieron por tres días en CAPECO iluminan nuevamente un asunto olvidado. Sin embargo, las respuestas claras vuelven a estar ausentes.

Resulta insólito que ante las dudas que vuelven a salir a flote sobre el trato contributivo privilegiado que recibió CAPECO y los personajes cercanos a la figura de Calderón que vuelven a ser mencionados cuando se revisan los documentos públicos de la transacción en la Corte de Quiebra de Delaware, la ex gobernadora pretenda despachar el asunto como una “politiquería”. La conferencia de prensa que citó Calderón el viernes pasado fue un ejercicio de tratar de despejar su nombre, pero sin más mínima intención de responder cuestionamientos serios. El mero hecho de limitar las preguntas de los periodistas a dos turnos es un reflejo de la falta de transparencia en el asunto. Esta limitación resulta en una falta de respeto a los periodistas que por años han estado siguiendo la pista del entramado legal de CAPECO, como es el caso de EL VOCERO, pero peor aun es una falta de respeto al pueblo puertorriqueño que merece conocer la verdad sobre los procesos que los afectan.

No estamos ante un asunto político, como planteó la señora ex gobernadora, sino ante un caso de corrupción y favoritismo que merece ser aclarado en detalle y profundidad. Despacharlo someramente no es más que una pérdida de todo sentido de responsabilidad pública. Aun así, la Prensa no dimitirá a su labor de indagar todos los detalles de este asunto para que el pueblo sepa la verdad, por dura que sea.