Editoriales

Una vez extintas las llamas del voraz incendio que ardió durante tres días en los terrenos de la Caribbean Petroleum Corporation (CAPECO), no tan sólo inicia la ardua tarea de la investigación, sino que comienza el proceso de inspección y mitigación del daño ambiental provocado por el siniestro.

Desde la misma madrugada de las explosiones en CAPECO, el presidente de la Junta de Calidad Ambiental (JCA), Pedro Nieves Miranda anticipó que se trataba de un desastre ambiental comparable con el derrame de petróleo en la bahía de San Juan que se registró a principios de la década de los 90. Desde el domingo pasado, el rescate de animales empapados de combustible se sumaba a la imagen de la pared de humo negro que se veía desde distintos puntos de la zona metropolitana como señales de la magnitud del impacto ambiental.

Los trabajos de las agencias ambientales se concentran ahora en los humedales y cuerpos de agua cercanos a las facilidades de CAPECO entre Bayamón, Cataño y Guaynabo. Se trata de una zona que en el pasado había sido afectada por emisiones de hidrocarburo. Los humedales son de alto valor ecológico, pues funcionan como barrera natural y filtro para proteger terrenos. Hasta el momento, se han contabilizado cerca de un centenar de animales afectados por la explosión. Las agencias ambientales mantienen decenas de empleados en la zona y anticiparon que la totalidad del impacto tomará mucho tiempo en poder apreciarse. No se trata solamente de la fauna, sino de la calidad de las aguas y el aire en el área. Al tiempo que la evaluación avanza, se informó que los daños ambientales se reclamarán a la compañía.

Aunque hay que tomar pasos prospectivos, lo cierto es que CAPECO tiene su historial de controversias ambientales, y al momento del incendio la Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) mantenía intervenciones con ellos. Se les adjudica violaciones a la Ley federal de Agua Limpia y a la Ley federal de Recuperación y Conservación de Recursos.

Los daños al ambiente no sólo atentan contra las comunidades inmediatas a la zona, sino que tienen repercusiones en el País, en la subsistencia de los ecosistemas y en la preservación de los recursos para las futuras generaciones. Es imperativo investigar y llevar hasta las últimas consecuencias a los responsables por esta delicada situación.