Editoriales

Hace exactamente una semana Puerto Rico dio ejemplo del ejercicio ordenado de la libertad de expresión, cuando miles de personas marcharon por distintas vías de la zona metropolitana en protesta al recorte de nómina gubernamental sin que se suscitara ningún incidente que lamentar.

En ese momento elogiamos tanto la organización y coordinación de los líderes sindicales, como el control del evento que tuvo la Policía de Puerto Rico. Una vez concluido el paro general, los sindicatos anunciaron que continuarían sus protestas y la primera en fila es una manifestación convocada para hoy, en Fajardo. Los manifestantes llegarán hasta las inmediaciones del hotel El Conquistador, donde el Gobierno anunciará los proyectos que se desarrollarán mediante Alianzas Público Privadas.

Volvemos a estar ante dos actividades que no deben interferir la una con la otra. La expresión pública es legítima, pero no debe interferir con el derecho de otros a participar de una actividad que dentro de los planes gubernamentales tiene el propósito de tratar de activar la maltrecha economía puertorriqueña. Se puede disentir sin llegar al punto de boicotear esfuerzos cuyo fin es promover el bien común. Nadie puede dudar que hay un esfuerzo legítimo en desarrollar un plan para salir de la recesión en la que hemos estado sumidos por los pasados años, aunque se objete la filosofía de éste.

No se puede perder de perspectiva el efecto de las acciones concertadas que se ponen en marcha. Por ejemplo, en el caso del paro general con el cierre de Plaza Las Américas ciertamente los dueños de los negocios sufrieron un día sin ventas, pero al mismo tiempo los empleados de todos esos establecimientos también resultaron afectados. Es decir que cuando se utiliza el discurso de los grandes intereses no podemos perder de perspectiva que se atenta al mismo tiempo contra los trabajadores que mueven el sector privado. En Puerto Rico se han perdido decenas de miles de empleos en el sector privado durante la pasada década, sin que haya habido una reacción general para reclamar alternativas para estos trabajadores.

Es decir, volvemos al punto de la solidaridad que debe unirnos como pueblo. Es hora ya de que haya un diálogo y se tiendan puentes de consenso para trabajar en un proyecto colectivo con el que el País se sienta identificado, de manera que podamos alcanzar peldaños en una ruta colectiva de bienestar y progreso. Para eso, debemos comenzar con el respeto y la sensatez en el ejercicio de nuestros derechos democráticos.